Estos son los requisitos a pacientes en hospitales del SNS como parte de nuevas medidas contra migrantes irregulares

Santo Domingo, R.D. – Como parte de las 15 nuevas medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader para enfrentar la migración irregular haitiana, el Gobierno estableció que, a partir del lunes 21 de abril, entrará en vigor un protocolo en los hospitales del Servicio Nacional de Salud (SNS) que obligará al personal a exigir tres requisitos clave a los pacientes: documento de identificación, carta de trabajo en el país y prueba domiciliaria.

Según informó el mandatario, en caso de que un paciente no cumpla con ninguno de estos requisitos, será atendido, pero posteriormente repatriado una vez se recupere. 

Asimismo, se establecerá una tarifa para todos los servicios ofrecidos, en un esfuerzo por reducir la presión que la migración irregular ejerce sobre el sistema de salud pública.

Esta medida forma parte de una serie de acciones que buscan “proteger la República Dominicana y asegurar el respeto a las leyes del país”, según expresó el presidente Abinader en su alocución al pueblo dominicano este domingo.

El jefe de Estado reconoció la creciente preocupación de los ciudadanos ante la situación en Haití y el impacto que representa la migración descontrolada, especialmente en sectores como la salud, la educación, la seguridad y la economía nacional.

Entre otras medidas destacadas, el presidente también anunció:

La incorporación de 1,500 soldados adicionales en la frontera.

Aceleración de la construcción del muro fronterizo.

Aumento del personal migratorio con 750 nuevos agentes.

Reforma legal para endurecer sanciones contra quienes faciliten la inmigración ilegal.

Creación de una Procuraduría Especializada en Asuntos Migratorios.

Propuesta para la dominicanización del empleo con aumentos salariales en zonas francas y el sector turístico.

Establecimiento de un observatorio ciudadano que supervise la política migratoria.

Estas disposiciones forman parte de un enfoque más estricto por parte del gobierno dominicano para controlar la migración irregular y mitigar su impacto en los servicios públicos y la seguridad nacional.